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El Gobierno ha asignado 16,3 M€ a la planta desalinizadora de Ceuta entre 2012 y 2015

*Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Ciudad Autónoma de Ceuta

 *El actual convenio asigna 4 millones de euros para sufragar los costes de funcionamiento

*El Gobierno ha contribuido a la financiación de fuentes alternativas de abastecimiento de agua para evitar la merma de los recursos que Ceuta necesita para financiar servicios públicos a los ciudadanos

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El Gobierno ha asignado 16,3 M€ a la planta desalinizadora de Ceuta entre 2012 y 2015

22 de octubre de 2015.- El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha firmado un convenio con la Consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Ciudad de Ceuta, Susana Román para la financiación de los costes de funcionamiento de la planta desalinizadora de Ceuta.

Este es el cuarto convenio que firman ambas administraciones, lo que demuestra el compromiso del Gobierno con este proyecto. Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 asignaron 4 millones de euros para este fin, cantidad a la que hay que sumar los 4,1 millones de 2012, los 4,09 millones de 2013 y los 4,08 millones de 2014, lo que suma una cantidad total de 16,3 millones de euros entre 2012 y 2015.

El Secretario de Estado ha recordado que este compromiso es con los ciudadanos de Ceuta, que carece de fuentes convencionales de agua y se ha visto obligada a recurrir a fuentes alternativas de abastecimiento y más costosas como el traslado de agua en barcos desde la península o la desalinización de agua de mar. Por este motivo, ha explicado Beteta, el Gobierno ha contribuido a su financiación, evitando que el coste excesivo de la planta desalinizadora mermase los recursos de Ceuta, necesarios para la financiación de servicios públicos a los ciudadanos.

Esta financiación cuenta con el soporte jurídico de la Directiva marco del agua y el Texto refundido de la Ley de Aguas, que promueven la recuperación de costes en el suministro para optimizar el uso del agua y promover su consumo responsable. Para lograrlo, la ciudad impulsará que se satisfagan las necesidades básicas mediante estructuras tarifarias, desincentivando el consumo excesivo o superfluo.