Insumisión legislativa
Me pasan un whatsapp con las preguntas que se han hecho a los colegiales que han sido llamados a la prueba de reválida de final de la etapa de primaria. Tengo que reconocer que el nivel que se les ha exigido es ciertamente elevado, pero también soy consciente que tal materia no era otra que la que resumía todo lo que habían estudiado en los últimos cursos. Entonces, ¿cuál ha sido el motivo de que estas pruebas hayan nacido con tanta polémica? Ha contado con dificultades de todo tipo. Desde la validez de su temario, hasta las fechas en que se ha debido realizar. Se ha discutido sobre sus efectos y sobre todo si éstos tendrán algún tipo de consecuencia en el posterior devenir de los alumnos a lo largo de su carrera educativa. Razones poderosas y seguramente tan discutibles que han llevado a ciertas Comunidades Autónomas a negarse a que se realizasen en su territorio.
Sin embargo, sea como sea, estas pruebas nacen al calor de una Ley. Al calor de la LOMCE, que es el marco normativo que sostiene la obligatoriedad de esas pruebas. Suficiente para qué, como una más de las infinitas normas legales que regulan la vida y milagros del justiciable, se cumpla sin dilaciones ni disculpas. Parece de Perogrullo, pero en este caso se ha dado una excepción. Una gran mayoría de las Comunidades (once en total) se han negado a que sus escolares hicieran las pruebas que la Ley demandaba. Los motivos y argumentos, no por innegables dejan de ser ilegales. Da igual porqué. La Ley se cumple y luego se reclama, si es menester. Lo contrario sería una tácita autorización para poder cuestionar la Ley y con ello el estado de derecho. Es patético ver a un presidente de Comunidad Autónoma explicando los motivos por los que no cumple la Ley. Igualmente, hubiera estado bien oír la gloriosa opinión de los representantes de PSOE o de Podemos sobre tal incumplimiento. Esta infracción deberá tener su corolario en algo más serio que el propio ministro quitando importancia a tal insumisión legislativa con un “ya les buscaremos otra fecha para que la hagan”.
Al contrario, seis Comunidades Autónomas, todas gobernadas por gobiernos del Partido Popular, han realizado estas pruebas. ¿Quiere esto decir que el PP ha dejado de lado sus problemas internos y se ha apuntado al cumplimiento de la Ley? Ojalá. Parece que la cuestión, una vez más, vuelve a ser si se debe exigir el cumplimiento de la Ley y, sobre todo a quien. El cuestionar el cumplimiento de la Ley, de cualquier Ley, además de sus propias consecuencias vulnera el principio de igualdad con aquellos que sí la cumplen.
Si no atendemos al estado de derecho acabaremos haciendo buena la reflexión del gran Groucho Marx "Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros”.