Tiempo de Ocio Ceuta

Caballas ha preguntado al Gobierno que quiere hacer con el servicio de autobuses de la ciudad a partir de septiembre 2019, cuando acaba el contrato de adjudicación de ‘Hadu-Almadraba’. La empresa ha heredado, según Caballas, un contrato de concesión por 50 años originalmente firmado en el 1969 en la época franquista. Los localistas han dicho que el Gobierno tiene que decidir si quiere seguir con el actual modelo de prestar el servicio del transporte público con una empresa privada, o si quiere controlar este servicio directamente o a través de una empresa pública. Una vez decidido el camino, Caballas quiere que el Gobierno formule el pliego de condiciones del servicio, algo que actualmente no existe con respecto a la Empresa ‘Hadu-Almadraba’ por la historia del contrato.

El servicio de autobuses de Ceuta, ha dicho el portavoz de Caballas, Juan Luis Aróstegui, es “muy raro” y lleno de “anomalías”. Según el localista, en Ceuta el servicio “esta privatizado”. Sin embargo, a la Ciudad “no le sale gratis”, porque tiene que dar subvenciones “que cuestan casi 400.000 euros al año. Un coste que en otros contextos lo llevaría la empresa adjudicada. Esto pasa solo en Ceuta”. Además, dijo que la empresa ‘Hadu-Almadraba’ gestiona sus actividades “sin contrato ni pliego de condiciones que lo regule”. Nadie sabe quién debe pagar qué. Que especificados tienen que tener los autobuses o que calificaciones tienen que tener los conductores. Tampoco está claro si las rutas han sido desarrolladas según algún informe o estudio. “Está claro que si alguien tuviera que estudiar las redes de autobuses de la Ciudad o se suicida o se pone a reír. Esperemos que sea la última”, satirizó Aróstegui. Tampoco existen, según el localista, sanciones si la empresa deja de ofrecer los servicios estipulados: “Hoy deciden de saltar esta parada, mañana darán vuelta por el otro barrio. ¡Esto hay que verlo! ¡Es un espectáculo!”

Para Aróstegui, la raíz del problema se encuentra en la historia del contrato: “Este servicio lo presta una empresa privada desde la época del Protectorado y jamás ha existido ninguna memoria, informe o documento que justifique la idoneidad de la privatización como modalidad de gestión más idónea”. Este contrato fue firmado en el 1969, cuando el trasporte público paso a ser responsabilidad de los ayuntamientos.

Aróstegui dijo además que “es obvio que se trata de un servicio que se debe organizar atendiendo a criterios de rentabilidad social, y no de rentabilidad económica y que existen líneas, horarios y frecuencias que aun siendo vitales para una parte de la ciudadanía, no cuentan con un volumen de pasajeros suficientes para hacerlas rentables”. Por eso aboga al control municipal de este servicio. “Esto no te convierte automáticamente en un comunista. No significa que te has lesionado el cerebro”, ha explicado a sus compañeros populares. “No es una decisión ideológica. En Málaga hay gobierno del PP y el servicio es municipal”.

Por su parte, el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, ha tachado de “perverso” el argumento de Aróstegui, con la pretensión de comparar Málaga con Ceuta, cuando estos son dos ciudades muy distintas. Hachuel también ha exigido a Caballas de dejar de mirar “hacia el pasado. Yo me fijo en el futuro, que es más interesante y bonito”. También se ha opuesto rotundamente a la municipalización aunque ha dicho que va a estudiar qué pliegos de condiciones ofrecerá a la empresa adjudicaría de trasporte público. Estas condiciones se presentaran al Pleno en diciembre 2017. Hachuel ha matizado que este va a ser un trabajo “muy complicado y difícil” dada la singularidad de la Ciudad y sus necesidades sociales.

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Luis Alvariñas | El diputado del PP, Jacob Hachuel.