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Ceuta, 1 de abril de 2016.- El Grupo Parlamentario Socialista elevará al Pleno de la Asamblea, que se celebrará el próximo martes, una propuesta para promover la laicidad en el ámbito municipal, por la que instan al Gobierno local a elaborar un censo que se hará público, de los locales, viviendas o espacios rústicos que estén exentos del pago del IBI. Todas las entidades religiosas o de otra naturaleza ideológica no tendrán exenciones de impuestos municipales, incluido el de Bienes Inmuebles (IBI), que se deriven de su actividad, ya sea de carácter religioso o mercantil.

 La propuesta también incluye incorporar, en la medida de lo posible y escalonadamente, referencias, actos y conmemoraciones de carácter civil al calendario oficial de la Ciudad; y crear un Observatorio Municipal de Laicidad, abierto a la participación de los grupos políticos de la Asamblea, asociaciones y entidades ciudadanas con el objetivo de promover campañas informativas en la ciudad dirigidas a toda la ciudadanía, sobre el significado de la Laicidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Tolerancia, la libertad de pensamiento y de conciencia y, por tanto, la libertad religiosa, sobre el principio constitucional: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

 Asimismo, a través de la iniciativa, los socialistas piden al Ejecutivo local a que inste al Congreso de los Diputados y al próximo Gobierno de España a llevar a cabo una serie de medidas encaminadas al logro del mismo objetivo.

 ARGUMENTACIÓN

Desde el GPS argumentan que “la laicidad es una seña de identidad que es consustancial a la soberanía del poder civil, la libertad individual y la democracia. Reivindicaciones históricas como la libertad de conciencia y de cultos, la secularización de los cementerios, el matrimonio civil y el divorcio, la libertad de investigación, la educación laica y la no imposición de la religión católica en la enseñanza o la coeducación son arduas conquistas de la lucha histórica por la laicidad que hemos protagonizado y que hoy son patrimonio compartido por la inmensa mayoría de la ciudadanía”.

 “En la última década, la igualdad de género, la regulación del aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo, la investigación bioética y la educación para la ciudadanía, han topado con fuertes resistencias ante las que hemos reafirmado la libertad de conciencia de la ciudadanía y la soberanía del poder civil frente a imposiciones religiosas”, indican.

 Para los socialistas, “las convicciones de conciencia, religiosas, agnósticas o ateas son asunto privado, de libertad individual. Cada persona es titular del derecho de libertad ideológica y religiosa. Pero el ejercicio de la libertad de conciencia y religiosa tiene una trascendencia pública insoslayable. El hecho religioso contiene dimensiones públicas, sociales, culturales y políticas. Por ello, exige una política, con opciones y propuestas consecuentes, proporcionando garantías y regulando su ejercicio”.

 Por ello, aseguran que “la coherencia de una democracia constitucional exige un compromiso firme con la laicidad del Estado y así debe figurar explícitamente en la Constitución. A pesar de la consolidación de las libertades constitucionales perviven tres grandes problemáticas cuya revisión deben afrontarse sin dilación: la asimetría de la arquitectura jurídica del derecho de libertad religiosa, el trato de favor a la Iglesia católica con discriminación para las minorías, y la pervivencia de confesionalidad del Estado en actos, símbolos y espacios públicos”.

 En este sentido, consideran que “el Estado no puede discriminar a sus ciudadanos por motivos religiosos; su ayuda y cooperación con las confesiones debe hacerse de tal modo que salvaguarde la libertad y la igualdad de todos los grupos religiosos y de los no creyentes. La gestión pública de la diversidad religiosa por parte de Ayuntamientos, Comunidades y Ciudades Autónomas es un poderoso instrumento para garantizar en condiciones de igualdad el ejercicio de la libertad de conciencia, religiosa y de culto”.

 “La apertura de lugares de culto, la gestión de los cementerios, las condiciones de la asistencia religiosa en hospitales y residencias o las previsiones urbanísticas deben adecuarse a una ciudadanía diversa y plural, incluyendo en estos mismos espacios a los ciudadanos que no son creyentes”, concluyen.