Tiempo de Ocio Ceuta

Para la Coalición Caballas, las condiciones en que se está prestando el servicio de monitores de natación y socorristas por parte del Instituto Ceutí de Deportes, ha rebasado todos los límites comprensibles. Este servicio se presta por parte de la empresa Arasti Barca desde el mes de octubre del año 2012. Desde entonces los trabajos se vienen realizando sin contar con adjudicación y,” en consecuencia, vulnerando el procedimiento legalmente establecido”.

Según la Coalición, esta situación se viene produciendo con demasiada frecuencia. La falta de organización y coordinación de los servicios municipales ocasiona que finalicen los contratos sin que se haya promovido el correspondiente procedimiento de renovación, de manera que este desfase se suele cubrir acudiendo a la célebre figura del “reconocimiento extrajudicial de deuda”. Este hecho demuestra claramente “la incompetencia del Gobierno, pero no cuestiona, en principio, su honradez”, manifiesta el Grupo. Lo que sucede en este caso, y le imprime un carácter muy singular, es que el “desfase” se prolonga ya durante tres años y medio. Este hecho es muy difícil de explicar. Esta situación provoca dos efectos que, a juicio de Caballas, podrían vulnerar la legalidad vigente. Por una parte, se “está blindando a la empresa prestataria del servicio sin adjudicación, impidiendo la libre concurrencia; y por otro lado, se podría estar incurriendo en un delito de alcance contable o malversación de fondos, ya que los servicios se están valorando a precios del contrato extinguido en 2012, y como demuestran los hechos, todos los servicios contratados desde esa fecha por el procedimiento de subasta resultan abaratados en porcentajes que oscilan entre el 20% y el 40%”, explica el Grupo.

Ante esta atípica situación, Caballas, antes de acudir a los tribunales de justicia, y con la intención esclarecer los hechos en el ámbito político, formuló una interpelación al Gobierno, que imputó la demora a meras cuestiones de trámites administrativos, asumiendo el compromiso de sacar a licitación el servicio antes de que finalizara el año 2015. “No se cumplió”, afirma. Con posterioridad, y con motivo de la comparecencia del Consejero de Deportes, se asumió de nuevo el compromiso de iniciar el proceso antes de que concluyera el mes de enero. “Tampoco se ha cumplido”, asevera.

Caballas opina que, “la actitud del Gobierno resulta, francamente, incomprensible; y abunda en la sospecha de que quizá el Gobierno esté interesado, por razones ocultas, en mantener las cosas como están, aún conociendo que se trata de una flagrante ilegalidad”.

Es por ello, que Caballas pone en conocimiento del Presidente mediante escrito que, en caso de que antes de finalizar el mes de febrero no se hubiera sacado a licitación pública la prestación de este servicio, pondrán los hechos en conocimiento de la fiscalía, o del juzgado de guardia, para que se proceda a la investigación pertinente y la exigencia de responsabilidades penales a las que hubiera lugar.