Tiempo de Ocio Ceuta

 

El mayor éxito de la socialdemocracia en la Europa del siglo XX fue la consolidación del Estado de bienestar. Un sistema que protege a las personas frente a los riesgos que pueden surgir a lo largo de su vida (enfermedad, desempleo, etc.), pero que sobre todo es un factor decisivo para el progreso y la cohesión social, y también para el crecimiento económico.

Los gobiernos socialistas en la década de los 80 edificaron un sistema de bienestar homologable con los que existían en Europa: que atendiera a la igualdad de oportunidades en la educación, la universalización de la sanidad, la protección por desempleo y la solidaridad intergeneracional en las pensiones. También se aprobaron las pensiones no contributivas como instrumento para no dejar a nadie fuera de ese sistema de protección. Por su parte, las Comunidades Autónomas, en ejecución de sus competencias constitucionales y estatutarias, desarrollaron los servicios sociales, muchas veces sobre la base de los que ya prestaban los Ayuntamientos, como administraciones más cercanas a los ciudadanos y asumiendo lo transferidos del Estado.

Ya en este siglo, el anterior gobierno del PSOE desarrolló nuevas políticas propias del Estado de Bienestar dirigidas a atender los llamados Nuevos Riesgos Sociales. A ello responden iniciativas como el Plan Educa3, de creación de plazas de escuelas infantiles, o la implantación del Sistema de Atención a la Dependencia, que además de responder a las necesidades de la infancia y de los mayores, fomentaban el empleo femenino y la conciliación de la vida laboral y familiar. También se adoptaron medidas dirigidas a los segmentos más jóvenes de la sociedad, como el refuerzo de la Formación Profesional y la política de becas o la implantación de la renta de emancipación juvenil.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Es necesario adaptar el Estado de Bienestar a los nuevos retos sociales, a la sociedad del siglo XXI, que ha experimentado, y va a seguir haciéndolo, cambios importantes. Tanto en el mercado de trabajo, como en las familias, en las dificultades para la conciliación, en su propia composición demográfica y en el entramado social de nuestras grandes ciudades.

Pero se han perdido cuatro años. La crisis económica y la decisión del Gobierno de Rajoy de abordar la consolidación fiscal a través de las políticas de gasto, sin preocuparse de mantener el nivel de ingresos necesario para el sostenimiento del Estado de Bienestar, así como la voluntad de cargar la mayor parte del ajuste a las administraciones competentes en políticas de sanidad, educación y bienestar social (Ayuntamientos y Comunidades Autónomas) han estrangulado el sistema de protección social.

Sólo en el Presupuesto del Estado el porcentaje del gasto social se ha reducido en 4 puntos y medio desde 2011. Y a ello hay que añadir el recorte en las demás administraciones.

Se paralizó el Plan Educa3 y se han reducido las becas e incrementado los requisitos para acceder a ellas, que ya no son un derecho que garantice el acceso a la educación en igualdad de oportunidades.

Se ha impuesto el copago farmacéutico a los pensionistas de la Seguridad Social y se ha fomentado la privatización de los servicios de salud.

Se ha deteriorado el sistema de atención a la dependencia, reduciendo en 3.000 millones de € los presupuestos previstos en la memoria económica de la ley para esta legislatura, se ha retirado la cotización a los cuidadores familiares, se ha incrementado el copago, de forma que ya aportan los usuarios más que la AGE y han introducido incompatibilidades que afecta de forma más intensa en los menores con discapacidad.

Se han puesto en riesgo los servicios sociales que prestan los ayuntamientos con la ley de reforma local, declarándolos competencia impropia desde el 31 de diciembre de 2015, contabilizando 5.600 millones de ahorro sin incrementar este presupuesto en las CCAA.

En definitiva, se ha favorecido el crecimiento de la desigualdad.

Como consecuencia de ello, hoy el Estado de bienestar debe responder urgentemente a problemas que han surgido o se han agudizado en los últimos años; son los nuevos retos sociales: la dualización en el mercado laboral y en el propio sistema de protección social, el crecimiento de la desigualdad y la pobreza, especialmente en los jóvenes y en la infancia, el desempleo juvenil, el paro de larga duración, el abandono escolar prematuro, la ausencia de políticas suficientes de conciliación para asegurar la incorporación de las mujeres al mercado laboral o el envejecimiento de la población.

¿QUÉ PROPONEMOS?

El Estado de Bienestar no puede darse por acabado con la excusa de la crisis. Hay que seguir completándolo para dar respuesta a esas nuevas necesidades y nuevos retos sociales. El objetivo del PSOE hoy sigue siendo el mismo de siempre: combatir la desigualdad y luchar decididamente por el bienestar de la ciudadanía mediante estos sistemas de protección social. Y con ello, establecer un modelo de convivencia con mayor justicia social orientado a repartir para crecer y crecer para repartir.

Queremos desarrollar un sistema de Ingreso Mínimo Vital, mediante una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social que ofrezca recursos a familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, cuando el resto del sistema ya no les da cobertura, destinado a satisfacer las necesidades básicas compatible con la dignidad humana y especialmente erradicar la pobreza infantil de nuestro país.

Para ello, crearemos una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social dirigida a los hogares sin ingresos o en situación de necesidad, sea cual sea la causa, como prestación no contributiva de la Seguridad Social e incrementaremos la cobertura de la prestación por hijo a cargo y aumentaremos su cuantía, en función de las rentas familiares con objeto de combatir la pobreza infantil y erradicar la pobreza severa.

Es esencial proporcionar oportunidades a la juventud, el colectivo más afectado por la crisis, en una sociedad que demanda conocimiento e innovación. Hay que construir un sistema educativo estable, con financiación pública, basado en la equidad y orientado a la excelencia y al logro de los mejores resultados educativos.

Promover la igualdad de oportunidades para el aprendizaje en todas las enseñanzas independientemente del lugar de residencia, situación personal, sociocultural y económica, buscando la excelencia en todos y cada uno de los centros educativos públicos y dedicar una especial atención a aquellos situados en zonas de desventaja social y al medio rural.

Recuperar el verdadero sentido de las becas como un derecho, de manera que el estudiante que cumpla los nuevos umbrales de renta y patrimonio que estableceremos en las convocatorias, tendrá derecho a la misma.

Permitir el acceso o la continuidad de los estudios al alumnado con independencia de su situación económica, estableciendo unos precios públicos (incluidos los de tasas universitarias) asequibles.

Ampliar el índice de escolarización desde los 0 a los 18 años, impulsando y facilitando la ampliación de la oferta pública de plazas y de servicios en todas las enseñanzas, especialmente, en la Educación Infantil y la Formación Profesional.

Los centros públicos, educativos o sanitarios, deben ofrecer los mejores servicios en términos de calidad y justicia social, de forma que sean la primera opción para la ciudadanía a la hora de responder a sus necesidades.

Reconoceremos como fundamental el derecho a la protección de la salud.

Para ello, es preciso recuperar el modelo de Sistema Nacional de Salud de acceso universal y servicios de alta calidad. Promoveremos una nueva Ley General de Sanidad que recupere la cobertura universal del derecho a la atención sanitaria y la protección de la salud, porque a nadie se le puede poner en riesgo su salud por falta de recursos económicos.

Reconoceremos, igualmente, como fundamental el derecho a la protección por la Seguridad Social ante las situaciones de necesidad previstas en la ley.

Especialmente, este derecho habrá de garantizar el derecho a pensiones suficientes y periódicamente actualizadas.

También extenderemos la protección por desempleo no contributiva 2 años, indefinida para mayores de 45. Recuperaremos la protección de los trabajadores parados de 52 a 55 años que les permita continuar su cotización a la seguridad social.

Y habrá de garantizar, con carácter universal, la protección de la maternidad a todas las mujeres.

Hay que consolidar el sistema de servicios sociales como cuarto pilar del Estado de Bienestar, incorporándolo como derecho en la Constitución Española, reforzándolo y completándolo mediante un nuevo pacto social con la ciudadanía y el conjunto de las Administraciones que garantice la cobertura universal de las prestaciones básicas del sistema público, con el objetivo de asegurar a los ciudadanos, vivan donde vivan, un conjunto de servicios sociales básicos que garanticen su protección cuando puedan encontrase en situación de necesidad.

Garantizaremos los grandes servicios públicos destinando, al cabo de dos legislaturas, un 7% del PIB al gasto en Educación y otro 7% del PIB al Sistema Nacional de Salud. Y recuperaremos la financiación suficiente de la dependencia.