Hacia el contrato único
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en la que se falla a favor de una trabajadora española interina que reclamaba una indemnización por despido –cuando el Estatuto de los Trabajadores establece que la finalización de los contratos de interinidad no da derecho a percibir indemnización cuando se acaban- ha supuesto una sacudida al sistema normativo laboral español. La Sentencia en sí misma lo que defiende es que la temporalidad de un contrato, como es el caso del contrato de interinidad, no es razón objetiva suficiente para establecer una indemnización diferente respecto a un contrato indefinido.
La consecuencia lógica de esta Sentencia es que España va a tener que eliminar en su legislación laboral la principal causa de discriminación de los contratos temporales respecto a los indefinidos: la indemnización por despido, porque de no hacerlo se estaría contradiciendo el sentido de las directivas y jurisprudencia europeas en materia laboral que, aunque no son de obligado cumplimiento para los estados miembros, sí obligan a adaptar las normativas nacionales para su homogenización. ¿Y cuál es la manera a priori más sencilla para hacerlo? Avanzar hacia la figura del contrato único.
¿En qué consiste el contrato único? Con diversas particularidades que pueden ser susceptibles de debate y consenso, sería un tipo de contrato de trabajo que unificaría todos los contratos laborales existentes, haciendo que por defecto, todos los contratos sean indefinidos desde el principio. Se establecería un sistema de indemnización único progresivo y creciente, de modo que el empresario sabe desde el primer momento el coste contingente futuro de sus trabajadores y el trabajador tiene más garantías laborales y la protección que brinda un contrato de trabajo indefinido. Sin embargo, esto no significa que se encarezca el despido desde el punto de vista del empresario ni que no exista el despido. El contrato único de trabajo, debe venir acompañado de una reforma del sistema de prestaciones por desempleo, conocida popularmente como mochila austriaca, por la cual se constituye una especie de “hucha” o sistema de capitalización mensual en el que con el pago de cada salario se aporta una cantidad que se va acumulando a cuenta exclusiva del trabajador y que supondría una bolsa de ahorro a rescatar en el momento en que se produjera la extinción laboral. Es objeto de debate si puede ser un sistema mixto o no (complementado con una aportación final del empresario, como hasta ahora), y de dónde sale exactamente ese ahorro, si de la nómina del trabajador o del empresario (en teoría todo es parte del pago del empresario). En cualquier caso, es un sistema muy razonable y que podría ser objeto de consenso entre todas las fuerzas sociales.
Ciudadanos ha defendido esta figura del contrato único tanto en su programa electoral como en los respectivos acuerdos de gobierno alcanzados con populares y con socialistas, si bien en estos acuerdos se establecieron figuras con distintos matices en cada uno pero intentando mantener el espíritu inicial. Por lo tanto, acordar una reforma laboral de este calibre no debería presentar ninguna traba política. Al contrario, de ser así, el mercado laboral en España contaría por fin con un instrumento eficaz, sensato y sencillo para agilizar la contratación de los trabajadores, para la disminución de la contratación irregular o en fraude de ley, para eliminar los problemas derivados de la falta de inversión en formación de los trabajadores temporales y sobre todo los trabajadores tendrían asegurada una mayor protección al eliminar la temporalidad consustancial al contrato actual. El empresario simplemente contrata al trabajador el tiempo que requiera su actividad, manteniéndolo si esa relación funciona y sin necesidad de concatenar diferentes contratos precarios uno tras otro.
La figura del contrato único no es un fin en sí mismo, sino una vía para conseguir resolver algunos problemas acuciantes que aquejan a nuestro mercado laboral. Desde ese prisma, no es comprensible que Ciudadanos haya sido objeto de ataques por parte de algunas fuerzas sociales, políticas e incluso sindicales que se han empeñado en denostar dicha propuesta centrándose en sus puntos débiles. La realidad social y jurídica europea, se está empeñando en darnos la razón y en demostrar que es el camino adecuado, por lo que quizás todos saldríamos ganando si sumáramos esfuerzos para llegar a un consenso y mejorar aún más si cabe el concepto propuesto. Si ello sirve para mejorar el presente y futuro de nuestro mercado laboral, bienvenido sea.
Esperemos que consensuar soluciones en esta materia sea mucho menos difícil que consensuar un Gobierno para España. Por parte de Ciudadanos se va a seguir manteniendo el mismo espíritu conciliador de esfuerzo y colaboración para que sea la sociedad la que salga beneficiada.