Tiempo de Ocio Ceuta

Los empleados de cocina y comedor del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), contratados por la empresa Global Food Management, con una plantilla que asciende a 20 trabajadores, no perciben sus salarios desde la mensualidad correspondiente al mes de mayo.

Los incumplimientos reiterados de sus obligaciones en relación con el personal de ese centro de trabajo, han motivado que la Administración rescinda el contrato que mantenía con esta empresa para la gestión externa del servicio de cocina y comedor en el CETI de Ceuta.

Las denuncias y reclamaciones contra esta empresa han sido continuas por parte CC.OO y las demoras en el pago del salario, “la forma de actuación habitual por parte de la empresa”, afirma el sindicato y añade, estos hechos eran conocidos por la dirección del centro y, a pesar de eso, no se ha producido la rescisión del contrato hasta este mes.

Actualmente, el contrato está adjudicado a la empresa CLECE, en precario y renovándose por períodos mensuales, hasta que se redacte el nuevo pliego de condiciones y se adjudique reglamentariamente a la mejor oferta presentada.

CCOO ha tramitado demanda en nombre de sus afiliados, contra la empresa saliente, la entrante y la propia Administración, para conseguir el pago de los salarios adeudados y las correspondientes liquidaciones de finiquito, que no han sido abonadas hasta la fecha a los trabajadores.

CCOO considera que existe una responsabilidad de la Administración en cuanto a velar por el cumplimiento de los contratos realizados por empresas externas, ya que los servicios siguen siendo de titularidad pública, con independencia de la forma en que se ejecuten y, por lo tanto, debe velarse porque la forma de gestión que se emplee no suponga una merma en la calidad de los servicios ni afecte a los derechos de los trabajadores, como ocurre con frecuencia.

Hechos como este y otros muchos parecidos, avalan la tesis sostenida por este sindicato de que los servicios públicos deben prestarse de forma directa y con medios propios por las respectivas Administraciones públicas como mejor garantía de calidad y eficacia en la prestación de esos servicios.