HERNÁNDEZ CRITICA QUE, TRAS SEIS MESES, EL GOBIERNO AÚN NO HA PRESENTADO EL INFORME TÉCNICO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LOS LOCALES DEL OASTCE
La Ciudad paga de alquiler por locales de la OASTCE 4.500€/mes, su compra vale 615.465€
Hace ya seis meses que la adquisición de los locales quedó vista sobre la mesa, la Ciudad continúa pagando las mensualidades, una pérdida para las arcas públicas ya de 270.000 euros, sin derecho a descontar en la compra.
El Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado públicamente que aún se encuentra a la espera de que el Gobierno les haga llegar el informe, al que se comprometió a elaborar en el pasado mes de junio la presidenta en aquel momento de la entidad, Susana Román, para analizar en todos sus aspectos, incluidas las formas de pago, el expediente de la adquisición de los locales B-13, B-14 y B-15 del Centro Comercial Ceuta Center.
Desde el GPS recuerdan que el contrato suscrito con la propiedad, a pesar de ser de alquiler con opción a compra –tiene una mensualidad de 4.500 euros- fija el precio de venta en 615.465 euros, que deberán satisfacerse en el momento del otorgamiento de la pertinente escritura y sin que exista cláusula alguna por la que el organismo descuente, de manera total o parcial, las mensualidades del alquiler satisfechas hasta el momento de firmar la propiedad.
“Hace ya seis meses que el asunto quedó sobre la mesa y, hasta el momento, el Gobierno local no ha elaborado el informe técnico al que se comprometió y continúa pagando las mensualidades del alquiler que, a la hora de adquirir los locales, no serán descontadas”, critica el portavoz socialista, Manuel Hernández, quien apunta a que “se trata de una pérdida para las arcas públicas que ronda ya los 250.000 euros”.
Ante esta situación, Hernández exige al Ejecutivo de Vivas a que se pronuncie sobre el asunto, en el que se atisban “intereses más allá del ámbito estrictamente político”, y “no deje de pasar más tiempo, con el consiguiente perjuicio económico que supone para todos los ceutíes”. Además, Hernández requiere al Gobierno que presente un estudio de mercado que garantice que la adquisición se realiza “en óptimas condiciones”.
