Tiempo de Ocio Ceuta

*Los miembros del PSOE de Ceuta han visitado hoy 15 de diciembre, las barriadas de Zurrón y Pedro Lamata.

*Por la tarde a las 17:00 horas, la comitiva socialista ha recorrido Varela, Valiño y Grupos Solís.

 

Hoy el PSOE ha hablado de:

CONSUMIDORES

1. DÓNDE ESTAMOS

Durante la etapa previa a la crisis, caracterizada por la burbuja inmobiliaria y la expansión del crédito, se consolidó un modelo de crecimiento económico basado en el beneficio y la rentabilidad inmediata que ha terminado por afectar directamente a los derechos de los consumidores.

Una reducida red de empresas y entidades se encuentran en posición de condicionar, en buena medida, la capacidad de nuestra sociedad para realizar con eficacia la consecución de sus metas colectivas, a las que someten, en demasiadas ocasiones, a su aspiración al máximo beneficio y no a la prestación de un servicio de acuerdo con los intereses de la gran mayoría de ciudadanos.

Una economía más inclusiva y democrática nos permitirá evitar la captura de rentas por decisiones ocultas al control democrático de ciudadanía, accionistas y/o consumidores. El objetivo último es asegurar la participación de los consumidores, garantizando elevados índices de protección de los mismos frente a los abusos de las grandes empresas. En definitiva, promover el acceso a los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos/as, porque todos/as somos consumidores e impidiendo que puedan ser objeto de especulación o de uso exclusivo por una minoría privilegiada. .

2. QUÉ PROPONEMOS

Elaborar un nuevo Código de Consumo que incluya instrumentos adecuados para la protección de los consumidores de modo integral identificando sus derechos y los mecanismos para su protección efectiva.

Revisar el régimen jurídico de obligaciones y contratos, en el marco de la tutela al consumidor.

Aprobar una auténtica Ley de Segunda Oportunidad para la insolvencia sobrevenida de deudores (personas físicas).

Reformar los mecanismos del ejercicio de acciones colectivas de consumidores y usuarios para la defensa de los derechos y la reparación de daños o abusos, creando un sistema de reclamaciones efectivo y eficaz, con un ámbito de aplicación amplio, frente a infracciones, mala práctica o abusos de las empresas.

Mejorar los mecanismos de control de publicidad para evitar el daño por publicidad engañosa a los consumidores, reforzando la colaboración con la Fiscalía General en las acciones de cesación de las campañas publicitarias que induzcan a engaño. Ha de vigilarse especialmente la publicidad dirigida a los menores.

Unificar en una única autoridad las competencias en materia de defensa de la competencia y de la protección de los consumidores, al menos en lo que respecta al ámbito de la competencia desleal y sin perjuicio de las competencias de las CCAA en materia de consumo.

Extender la garantía legal actual de 2 años en los productos y adaptarla la duración de la misma a la vida útil de cada producto.

Plantear un marco jurídico que erradique las prácticas de obsolescencia programada de los productos por parte de las empresas.

Penalizar a los prestamistas que utilicen los tipos de interés usurarios y abusivos, y regularemos los préstamos personales no bancarios para evitar situaciones de fraude y estafa.

Poner en marcha un Plan Nacional de Apoyo al Sistema Arbitral de consumo que potencie y fomente entre consumidores y empresas el recurso al arbitraje de consumo como vía de resolución de reclamaciones.

Consolidar los derechos de los consumidores en España por medio de una legislación integral, acorde con el marco de competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, que se adapte a los requerimientos de la Unión Europea y que cuente con instrumentos efectivos para la resolución de conflictos, tanto en vía judicial como mediante mecanismos extrajudiciales. Extenderemos, además, la tutela propia de los consumidores a las pequeñas empresas.

Potenciaremos una mayor cooperación y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Consumo.

En este ámbito propondremos la creación de un foro para para elaborar un marco normativo sobre los nuevos modelos de negocio de la economía colaborativa, que han emergido con las plataformas digitales. Esta regulación se centrará fundamentalmente en los ámbitos de relaciones laborales y Seguridad Social, fiscal y normativa de consumo. Este foro debe incorporar la participación de todos los sectores implicados incluidos expertos, asociaciones de consumidores y empresas.

Modificación de la tarifa eléctrica, disminuyendo el término fijo para incentivar el ahorro y apoyar al pequeño consumidor. Incorporar factores correctores en los consumos de hogares según número de miembros, especialmente en el caso de familias numerosas.

Creación de una auténtica tarifa social que garantice que los consumidores más desfavorecidos puedan acogerse a ella en función de su renta y condiciones socioeconómicas, y no dependiendo de la potencia que contratan.

Eliminar la penalización al desarrollo del autoconsumo y reformar en profundidad el Decreto del autoconsumo energético, para promover un marco regulatorio sencillo, estable y favorable al autoconsumo, el balance neto y la generación a pequeña escala, que suponga un gran impulso en la descentralización de la generación eléctrica.

Revisar las relaciones consumidor - comercializadora - distribuidora, especialmente todo lo que tiene que ver con los cambios de suministrador, actualmente recogido en una regulación desfasada y que no protege de forma eficaz a los consumidores de los abusos de las empresas.

Reformar la normativa existente en materia de disputas, estableciendo un sistema que garantice que las compañías eléctricas no se convierten en juez y parte en los procedimientos de sanción del fraude por manipulación de contadores, salvaguarde el principio de presunción de inocencia y establezca la participación de un tercero imparcial encargado de verificar el supuesto fraude.

Eliminar las actuales barreras para lograr una competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones. Por ejemplo, limitar la venta de teléfonos móviles bloqueados por el operador, una mejor regulación de los períodos de permanencia y las penalizaciones y que se informe claramente de todo ello al cliente antes de contratar.

Reforzar los esquemas de protección de inversores y consumidores de servicios financieros, para recuperar la confianza de los ahorradores en los productos financieros. Proponemos la unificación de los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) a los que pueden acudir los clientes e inversores en una única Autoridad de Protección Financiera y resolución de disputas. Este nuevo servicio –a diferencia de los actuales- tendrá capacidad de emitir, a instancias de los consumidores perjudicados, dictámenes vinculantes para las entidades financieras (según el modelo británico).

Ÿ Establecer la eliminación automática por parte de las entidades financieras y sin previa exigencia del titular de una hipoteca de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo español.

Ÿ Facilitar la renegociación de las deudas con mediación pública y, en el caso de no poder salvar la pérdida de la vivienda, evitar que esa pérdida arrastre además una deuda de por vida.

Ÿ Reformar la ley de segunda oportunidad para, por un lado, permitir al juez paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa y, en caso de que sea imposible, acordar la aplicación de la dación en pago, valorando la vivienda en el precio establecido para la concesión del préstamo, para ello será necesario modificar el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, optando por un modelo de segunda oportunidad alternativo al contenido en dicha norma

Ÿ Promover el compromiso de las empresas suministradoras de los servicios públicos de agua, luz y gas para impedir los cortes del suministro a personas y familias en situación de vulnerabilidad por impago. Antes del corte del suministro se comunicará a la Administración competente que en todo caso podrá mediar entre las partes.

Revisar la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias. Eliminar las cláusulas suelo en los préstamos.

Prohibir a las compañías de seguros que recopilen, archiven e intercambien con terceros datos privados no directamente relacionados con el objeto del seguro, tanto antes, como después de la firma del contrato.

Prohibir a las aseguradoras considerar el sexo del asegurado como factor de riesgo, tal y como establece una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Acabar con esta discriminación es un logro para la igualdad.

Prohibir el criterio basado en una siniestralidad individual cuando se vaya a renovar la póliza y actualizar las primas de un seguro de asistencia sanitaria. La aseguradora no podrá aumentar la tarifa de un asegurado basándose en la evolución del estado de salud de éste, ni plantear una reducción de coberturas una vez transcurrido un plazo razonable desde la primera contratación

 

POLÍTICA ENERGÉTICA

En 2014 la dependencia energética de España ha aumentado un 3% respecto al año anterior y se sitúa un 20% por encima de la media de la UE.

Las renovables ahorraron al sistema energético en España 15.899 millones de euros. Sin embargo, en 2014 únicamente se pusieron en marcha 43 MW de tecnologías renovables y se han destruido 22.665 empleos en el sector renovable.

Los recortes del Gobierno a las renovables han supuesto el hundimiento de un sector en el que España era líder, poniendo en riesgo la viabilidad de empresas y empleos.

Esta ha sido la legislatura del frenazo a la transición energética. El apagón renovable ha consolidado nuestra dependencia exterior y ha puesto en riesgo nuestros compromisos internacionales de reducción de emisiones. España es el único país del mundo que desde hace cuatro años viene aplicando una moratoria contra las energías renovables, junto con una fiscalidad disuasoria para estas tecnologías.

La política energética del gobierno ha contado con el rechazo de todos: empresas productoras, grupos políticos y la ciudadanía. No responde a objetivos ambientales y no establece ninguna señal en la dirección de premiar el ahorro y la eficiencia energética.

Tenemos los precios de la electricidad más altos de la UE y, pese a las múltiples demandas, el Gobierno se ha negado a adoptar medidas para abordar la pobreza energética y la garantía de suministro a los consumidores vulnerables.

El RD sobre autoconsumo eléctrico, con el conocido como “impuesto al sol”, impone trabas todas las instalaciones de autoconsumo de las comunidades de vecinos y las PYMES. Además del perjuicio individual, con ello se dificultara el cumplimiento de objetivos marcados por la UE en energías renovables, ahorro y eficiencia energética y en la lucha contra el cambio climático.

PROPUESTAS

El futuro del sector energético, y en particular del sector eléctrico, es renovable. El desarrollo tecnológico está mejorando los rendimientos y abaratando los costes de las energías renovables fortaleciendo su competitividad.

- Queremos definir, en el marco de las políticas de energía y clima, en los horizontes de 2030 y 2050 una política energética que asegure a los ciudadanos el acceso a la energía a precios asequibles y convierta el sector energético en factor de competitividad y en motor de innovación, desarrollo y generación de empleo, reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles, impulsando el autoabastecimiento, fortaleciendo la seguridad de suministro, y luchando eficazmente contra el cambio climático.

- Los ejes principales de la transición hacia un nuevo modelo energético, eficiente, libre de emisiones y accesible a todos los ciudadanos, serán la eficiencia energética, la electrificación equilibrada en todo el territorio nacional, y las energías renovables, reduciendo la presencia de combustibles fósiles, restringiendo las autorizaciones de nuevas prospecciones de gas y petróleo y prohibiendo el empleo de las técnicas de fractura hidráulica (fracking).

-La transformación habrá de ser pragmática y gradual, instrumentada por la eficiencia energética y las energías renovables e impulsadas por el desarrollo tecnológico, por la lucha contra el cambio climático, y no por el agotamiento de los recursos fósiles. Su éxito requiere que aprendamos a valorar los riesgos y las oportunidades de nuestras decisiones empleando –en línea con las mejores prácticas en otros países de nuestro entorno- la información obligatoria sobre la intensidad de carbono de los presupuestos públicos y la actividad financiera.

Aprobaremos una Ley de Transición Energética y propondremos un informe anual al Parlamento sobre los progresos en la transición energética y hacia una economía libre de emisiones.

En esta transición debemos encontrar una solución justa para la minería del carbón española, que combine nuestro compromiso con ZERO emisiones con la necesidad de avanzar en la autonomía energética de nuestro país y la seguridad del suministro, avanzando en las formas de combustión limpia del carbón como fuente de apoyo y que requiere la introducción de innovaciones tecnológicas dirigidas a la reducción de emisiones y la captura del CO2, incluidas las centrales térmicas a partir de gasificación inyectada.

- Implantaremos un calendario firme de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida de licencia, comenzando con la clausura definitiva de Garoña y culminará en 2028, de manera que en la próxima década daremos el gran salto hacia el nuevo modelo. Toda decisión sobre infraestructuras nucleares se basará en criterios técnicos y de seguridad.

- Queremos que el modelo energético sea inclusivo, y por tanto radicalmente incompatible con la pobreza energética. Estamos firmemente decididos a impedir que consumidores vulnerables no tengan cubiertas sus necesidades energéticas básicas por falta de recursos.

- Promoveremos la renovación del parque de vehículos, impulsaremos la industria orientada a producir vehículos limpios y apostaremos por revisar en profundidad nuestro modelo de movilidad, pasando de la actual política de transportes e infraestructuras a una verdadera política de movilidad sostenible.

- Será objetivo prioritario la mejora del comportamiento térmico de los edificios y la incorporación de servicios energéticos avanzados que reduzcan el consumo, en el marco de planes de rehabilitación de vivienda. Para ello revisaremos las normas de edificación y rehabilitación, y desarrollaremos instrumentos financieros específicos para impulsar esas inversiones y las empresas de servicios energéticos, además de desarrollar un ambicioso plan de actuación para los edificios públicos.